Ley de Glaciares: alertan por riesgos en reservas de agua

Especialistas cuestionan la reforma de la Ley de Glaciares con media sanción y advierten sobre impactos hídricos y ambientales.

La Ley de Glaciares volvió al centro del debate nacional tras obtener media sanción en el Senado, en medio de cuestionamientos de especialistas que sostienen que la reforma debilita la protección de reservas estratégicas de agua dulce en Argentina.

La iniciativa, que ahora deberá tratarse en la Cámara de Diputados, generó preocupación en el ámbito científico y ambiental por los cambios propuestos en el régimen de presupuestos mínimos ambientales, establecido en la normativa vigente desde 2010.

El espíritu de la ley y los presupuestos mínimos

La norma actual fue sancionada luego de un amplio debate social y político, y fijó estándares de protección uniforme para todos los glaciares y el ambiente periglacial del país.

En diálogo con El Once, la bióloga y especialista en biodiversidad Agostina Rossi Serra sostuvo que la reforma “rompe el espíritu del presupuesto mínimo”. Recordó que la legislación se basa en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece que la Nación debe sentar una línea de base de protección ambiental para todo el territorio.

“Los presupuestos mínimos significan que la Nación debe sentar una línea de base de protección uniforme para todo el territorio nacional”, explicó. Según detalló, las provincias pueden ampliar esa protección, pero “nunca pueden ir para abajo de eso”.

Uno de los puntos más cuestionados es el criterio que permitiría a las provincias definir qué glaciares y áreas periglaciares merecen protección según si tienen una “función hídrica demostrable y relevante”.

“Eso técnicamente es una falacia y está mal porque todos los glaciares y todo el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua dulce”, afirmó Rossi Serra, quien citó al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) como respaldo científico.

Impacto más allá de las provincias cordilleranas

La especialista advirtió que, aunque los glaciares se encuentran en 12 provincias cordilleranas, su influencia hídrica alcanza a gran parte del país.

“Esos glaciares y ese ambiente periglacial con su deshielo alimentan cuencas que atraviesan dos tercios de nuestro país”, señaló.

Como antecedente, mencionó el conflicto por el río Atuel entre Mendoza y La Pampa, que llegó a la Corte Suprema, donde se reconoció el impacto del retroceso glaciar en la disponibilidad de agua.

Minería, territorio y controles

Consultada sobre el trasfondo económico del debate, Rossi Serra sostuvo que la discusión se vincula con la presencia de yacimientos minerales en zonas glaciares y periglaciares.

“El trasfondo es que donde hay glaciares y ambiente periglacial debajo hay yacimientos de minerales”, expresó, aunque aclaró que la ley vigente “no es una norma antiminera”, sino que impide actividades que modifiquen o destruyan glaciares.

También cuestionó la eficacia de los controles ambientales y mencionó sobrevuelos realizados por organizaciones en San Juan, donde —según relató— se habrían detectado intervenciones sobre glaciares de escombros.

Además, explicó que el ambiente periglacial cumple un rol estructural en la montaña: “Actúa como un cemento. Cuando se elimina, aumenta el riesgo de derrumbes y sedimentos en los ríos”.

Agua y crisis climática

Rossi Serra vinculó el debate con el escenario global de crisis hídrica.

“Hace pocas semanas salió un informe internacional que dice que el mundo está en una bancarrota hídrica”, advirtió.

En regiones áridas, sostuvo, el ambiente periglacial ha aportado hasta el 30% del caudal de los ríos en épocas de sequía extrema, según estudios realizados en Mendoza y San Juan.

“En esos territorios cada gota cuenta. Glaciar que se pierde es agua que no se recupera”, afirmó.

El debate continúa en Diputados

Con la media sanción otorgada en el Senado, la discusión se trasladará ahora a la Cámara de Diputados, donde se definirá si la reforma avanza o si se mantiene el esquema vigente desde 2010.

La discusión se inscribe en una tensión más amplia entre desarrollo productivo y protección ambiental, en un contexto donde el acceso al agua aparece como uno de los ejes centrales de la agenda pública.