Pobreza infantil en Argentina: alcanza el 53,6% en 2025 según UCA
La UCA informó que la pobreza infantil llegó al 53,6% en 2025. Persisten desigualdades, alta asistencia alimentaria y carencias estructurales.
La pobreza infantil en Argentina alcanzó el 53,6% en 2025, según el último informe de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA). En paralelo, la indigencia se ubicó en el 10,7%, en un escenario donde, pese a ciertas mejoras recientes, continúan las desigualdades estructurales que afectan a niños y adolescentes.
El estudio señala que, si bien se registró una baja en los últimos dos años, los niveles actuales siguen siendo elevados en comparación con la última década. “El nivel sigue siendo muy superior al de 2010 y, por supuesto, al de los mejores años de la década pasada”, advirtió la UCA.
Una tendencia que se sostiene en el tiempo
La evolución histórica muestra un deterioro progresivo. En 2010, la pobreza infantil era del 45,2%. Tras una leve mejora en 2011 y 2012, comenzó un ciclo de incremento casi continuo, con picos durante la pandemia (2020-2021) y un máximo reciente en 2023, cuando alcanzó el 62,9%.
En cuanto a la indigencia, la dinámica es similar, aunque con mayores oscilaciones. Luego de descender a valores cercanos al 8% en 2011-2012, escaló hasta el 17,7% en 2024 —el nivel más alto de la serie— y retrocedió en 2025 al 10,7%.
Inseguridad alimentaria y asistencia en niveles récord
Uno de los datos más sensibles del informe es la inseguridad alimentaria, que afectó al 28,8% de niños y adolescentes en 2025. Dentro de ese grupo, un 13,2% atravesó situaciones severas.
El problema se concentra en los sectores de menores ingresos y en el Conurbano bonaerense, donde las condiciones sociales resultan más críticas.
En este contexto, la asistencia alimentaria alcanzó al 64,8% de la población infantil, el valor más alto registrado. Este incremento se vincula con la expansión de comedores escolares y comunitarios, así como con programas como la Tarjeta Alimentar.
Transferencias que no alcanzan a cubrir la demanda
El informe también destaca que el 42,5% de los niños recibe transferencias monetarias como la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que representa una caída de 3,3 puntos respecto a 2024.
Si bien estas políticas llegan mayoritariamente a los sectores más vulnerables, la UCA advierte que no logran cubrir la totalidad de la población en situación de pobreza.
Inanina Tuñón, investigadora del Observatorio de la Deuda Social Argentina, explicó:
“Estas políticas no fueron diseñadas para cubrir por completo los ingresos de los hogares, sino para equiparar el salario familiar entre trabajadores formales e informales. Por eso, es clave mejorar las condiciones laborales de los adultos”.
Salud, vivienda y condiciones de vida: déficits persistentes
El informe expone además múltiples carencias estructurales. Durante 2025, el 19,8% de los niños dejó de asistir al médico o al odontólogo por razones económicas, siendo la salud bucal la más postergada.
En materia habitacional, el 18,1% vive en viviendas precarias y el 20,9% en condiciones de hacinamiento. A esto se suma que el 42% no cuenta con acceso adecuado a servicios de saneamiento.
También se registran privaciones en aspectos básicos: el 37,5% de los niños presenta carencias en vestimenta, con impacto no solo material sino también emocional.
Cambios demográficos y efectos de la crisis
Otro dato relevante es la caída sostenida de la natalidad. Mientras en 1991 el 56% de los hogares tenía menores de 18 años, en 2022 esa cifra descendió al 44%.
La tasa de fecundidad se ubicó en 1,4 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo generacional (2,1), lo que refleja cambios estructurales en las decisiones familiares en un contexto de incertidumbre económica.
Un escenario que combina mejoras parciales y desafíos estructurales
El informe de la UCA plantea un escenario complejo: aunque algunos indicadores muestran mejoras recientes, la pobreza infantil sigue siendo elevada y estructural.
La persistencia de desigualdades, la dependencia de la asistencia y las limitaciones en el acceso a derechos básicos configuran un panorama que, según especialistas, requiere políticas de largo plazo centradas en el empleo, la inclusión social y el desarrollo integral de la infancia.











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