La ANAC denunció a Thales por dos vuelos entre Punta Arenas y Malvinas presuntamente no autorizados. La Justicia investiga y evalúa el decomiso del avión.

Denunciaron a Thales por presuntos vuelos no autorizados entre Chile y Malvinas

La ANAC presentó una denuncia por dos operaciones realizadas en septiembre de 2026 con una aeronave de la multinacional entre Punta Arenas y las islas. La Justicia investiga si se incumplieron las normas aeronáuticas y analiza el pedido de decomiso del avión.

El Gobierno nacional presentó una denuncia judicial contra Thales por dos vuelos presuntamente realizados sin autorización entre Chile y las islas Malvinas. Las operaciones, que habrían tenido lugar en septiembre de 2026, están bajo investigación y podrían derivar en medidas judiciales y administrativas contra la compañía.

La presentación fue realizada por el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Oscar Alfredo Villabona, ante el juez federal Sebastián Ramos. El magistrado delegó la investigación en el fiscal Ramiro González, quien solicitó información adicional al organismo aeronáutico para avanzar con las actuaciones.

Según informó el diario Clarín, los vuelos investigados se habrían realizado los días 19 y 24 de septiembre con una aeronave de matrícula británica G-FPLD. El primer trayecto habría conectado Punta Arenas, en Chile, con las islas Malvinas, mientras que el segundo habría cubierto el recorrido inverso.

El caso adquiere especial relevancia por las implicancias de las operaciones aéreas vinculadas con el archipiélago y porque Thales mantiene relaciones comerciales con distintas áreas de las Fuerzas Armadas argentinas.

Qué denuncia la autoridad aeronáutica

De acuerdo con la presentación judicial, las operaciones se habrían realizado sin que la empresa gestionara los permisos exigidos por las autoridades argentinas.

“Las operaciones fueron realizadas sin haber sido informadas a la autoridad aeronáutica ni haberse tramitado el permiso correspondiente”, sostiene la denuncia atribuida a la ANAC.

El organismo planteó posibles encuadres legales relacionados con la seguridad de las aeronaves y el cruce clandestino o malicioso de fronteras. De manera subsidiaria, también mencionó una eventual afectación al funcionamiento del transporte aéreo.

Se trata de calificaciones jurídicas preliminares que deberán ser evaluadas durante la investigación. La denuncia, por sí sola, no demuestra que se hayan cometido los delitos señalados.

Además, la ANAC solicitó el decomiso de la aeronave, una medida que deberá ser resuelta por la Justicia. En paralelo, el Gobierno analiza la posibilidad de aplicar nuevas sanciones a la compañía, aunque no se informó que esas medidas hayan sido formalmente adoptadas.

La respuesta de Thales y las características del avión

Consultada por Clarín, la empresa reconoció ser propietaria de la aeronave, aunque evitó brindar detalles sobre el motivo de los viajes.

“Thales es el propietario de la aeronave. Pero las obligaciones de confidencialidad nos impiden hablar sobre detalles específicos de los contratos”, respondió la compañía.

El avión involucrado es un Beechcraft B200 Super King Air, operado por Thales UK Flight Inspection Service. Este tipo de aeronave se utiliza para inspecciones aéreas y comprobaciones de sistemas de navegación, tareas destinadas a verificar el funcionamiento de equipos empleados en aeropuertos civiles y bases militares.

Por sus características técnicas, podría utilizarse para inspeccionar instalaciones como las de la base británica de Mount Pleasant, en las islas Malvinas. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido que ese haya sido el objetivo de los vuelos denunciados ni si la aeronave trasladó personal o prestó otro tipo de servicio.

La determinación de la finalidad de las operaciones constituye uno de los puntos que deberá esclarecer la investigación.

Los vínculos comerciales de Thales con la Argentina

La multinacional mantiene relaciones comerciales con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada argentinos. Entre los trabajos mencionados figuran el suministro de radares de vigilancia terrestre y costera y la instalación del sistema de detección Vigile 200 en un avión Learjet 35 de la Fuerza Aérea.

La compañía también desarrolla actividades vinculadas con tecnología para organismos civiles, por lo que el avance de la causa podría generar interrogantes sobre sus operaciones y los controles aplicables a sus servicios.

La relación comercial con organismos argentinos no constituye, por sí misma, una prueba de irregularidades ni implica responsabilidad en los hechos denunciados. La investigación deberá determinar las circunstancias específicas de los vuelos y la eventual intervención de cada actor.

La hipótesis sobre las actividades hidrocarburíferas

Entre las líneas que, según la información publicada, evalúa el Gobierno figura una posible vinculación de los vuelos con actividades hidrocarburíferas desarrolladas en las islas sin autorización argentina.

Esa hipótesis podría ampliar el alcance de las averiguaciones, pero no existe en los datos aportados una confirmación de que la aeronave haya participado en operaciones petroleras o en tareas relacionadas con la exploración de hidrocarburos.

Por ese motivo, la eventual conexión deberá ser tratada como una línea de investigación y no como un hecho probado.

Qué deberá esclarecer la Justicia

La causa deberá determinar quién contrató los vuelos, cuál fue su finalidad, qué servicios prestó la aeronave y si las operaciones incumplieron las normas aplicables. También tendrá que establecer si existen responsabilidades individuales o empresariales y resolver el pedido de decomiso presentado por la ANAC.

Mientras tanto, el Gobierno evalúa posibles medidas administrativas adicionales y la Justicia continúa reuniendo información sobre los movimientos del avión.

El caso vuelve a poner en discusión los controles sobre las operaciones aéreas relacionadas con las islas Malvinas, un territorio cuya soberanía reclama la Argentina y cuya situación continúa siendo objeto de una disputa internacional.