JUSTICIA: CONGELAR BONO A JUBILADOS ES CONFISCATORIO SI SUPERA 15%. DE PÉRDIDA

La Cámara de la Seguridad Social ordenó actualizar el bono de $70.000 congelado desde marzo 2024 y consideró que el recorte supera el límite constitucional.

El congelamiento del bono para jubilados sería confiscatorio, según la Justicia

La Sala III de la Cámara de la Seguridad Social emitió un fallo con potencial impacto masivo al considerar que el congelamiento del bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados puede resultar confiscatorio. Según la resolución en la causa Varela Alberto c/ ANSeS, si la pérdida para el beneficiario supera el 15%, el congelamiento vulnera el artículo 14 de la Constitución Nacional.

El bono, fijado en marzo de 2024, permanece sin actualización pese a la inflación acumulada. Esto afecta directamente a unos 4,5 millones de jubilados y pensionados que lo perciben, además de nuevos beneficiarios del haber mínimo.

El abogado previsionalista Guillermo Jáuregui explicó a Clarín: “Si tomamos la evolución del bono de $70.000 de punta a punta, es decir desde marzo 2024 hasta septiembre 2025, debería representar aproximadamente $166.755. La quita que supone el congelamiento es del 57%. Y si analizamos mes a mes, en cualquier período la pérdida supera el 15%”.

Repercusiones y cálculos oficiales

La ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto) advirtió que la decisión de fijar el refuerzo en $70.000 redujo la movilidad previsional, afectando a cerca del 50% de los beneficiarios del SIPA, además de titulares de PUAM y Pensiones No Contributivas.

En tanto, el CEPA (Centro de Economía y Política Argentina) detalló que, mientras los haberes crecieron 138% entre marzo 2024 y septiembre 2025, la mínima con bono incluido aumentó solo 91%. De haberse ajustado de manera proporcional, el refuerzo debería rondar los $166.755, más del doble de su valor actual.

Consecuencias políticas y judiciales

El fallo beneficia en concreto al jubilado Alberto Varela, pero abre la posibilidad de una ola de presentaciones judiciales colectivas. La medida se conoce tras el veto presidencial a la ley aprobada por el Congreso que preveía una actualización del bono hasta $110.000.

La Cámara alertó en su resolución que los decretos que congelaron el refuerzo “no pueden convalidar una postergación indefinida” ni admitir un “grave deterioro de los derechos jubilatorios”.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene silencio sobre cómo implementará el fallo y si aplicará un esquema de compensación retroactiva.