LA CAC RECHAZA REGÍMENES DE INGRESOS BRUTOS QUE GENERAN "ADUANAS INTERIORES"

La Cámara Argentina de Comercio advirtió que los pagos a cuenta de Ingresos Brutos entre provincias lesionan la libre circulación y afectan al comercio.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su rechazo a los regímenes provinciales que obligan al pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por el ingreso de mercaderías desde otras jurisdicciones, al considerar que representan “aduanas interiores” que perjudican al comercio interprovincial.

En una nota enviada al ministro de Economía, Luis Caputo, la entidad alertó que estas disposiciones:

• Constituyen una barrera al comercio interjurisdiccional.

• Generan ineficiencias operativas y aumentan la burocracia.

• Elevan los costos logísticos y fiscales de las empresas.

• Provocan saldos a favor inmovilizados por tiempo indeterminado.

Argumentos constitucionales

La CAC recordó que la Constitución Nacional reserva al Congreso de la Nación la regulación del comercio entre provincias. En ese sentido, mencionó como precedente el fallo de la Corte Suprema en “Loma Negra c/ Provincia de Misiones”, que respaldó la libre circulación de bienes.

Asimismo, advirtió que estas medidas contradicen los esfuerzos de desregulación y desinflación impulsados por el Gobierno Nacional y lesionan la competitividad de las empresas argentinas. Por ello, solicitó a las autoridades nacionales que intervengan para garantizar el pleno respeto del marco constitucional.

Provincias alcanzadas por los regímenes

La CAC detalló que estas disposiciones rigen en:

• Chaco: Resolución General N° 1566 y complementarias.

• Formosa: Resoluciones Generales N° 50/2020 y N° 35/2021.

• Jujuy: Resolución General N° 1661/2024 y modificatorias.

• Misiones: Decreto 2913/2007 y resoluciones complementarias.

• Salta: Decreto 2419/2009 y resoluciones generales posteriores.

• San Luis: Resolución General 8/2016 y complementarias.

• Catamarca: Resolución 61/2012.

• Neuquén: Proyecto de ley 16.487 (2024).

La entidad empresaria concluyó que estas prácticas “ponen en riesgo la integración económica nacional y afectan el normal desenvolvimiento del comercio en la Argentina”.