EL GOBIERNO PROMULGÓ LA LEY DE EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD, PERO POSTERGÓ SU APLICACIÓN

Tras el rechazo al veto de Milei, el Ejecutivo promulgó la Ley 27.793, aunque suspendió su ejecución hasta definir financiamiento en el Presupuesto.

El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, luego de que el Congreso rechazara el veto del presidente Javier Milei y ratificara el proyecto original por mayoría especial. La medida se oficializó mediante el Decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Sin embargo, la aplicación de la norma fue suspendida hasta que el Poder Legislativo determine las fuentes de financiamiento e incorpore las partidas correspondientes al Presupuesto Nacional. “El Congreso de la Nación omitió indicar de manera fehaciente la manera en la cual han de financiarse las erogaciones”, sostiene el texto oficial.

Impacto fiscal

De acuerdo a las estimaciones oficiales, la creación de una nueva pensión y programas vinculados implicarían un gasto de $2,1 billones para 2025 (0,26 % del PBI) y de $4,7 billones para 2026 (0,47 % del PBI).
A ello se suma el Programa Incluir Salud, con un costo adicional de $574.200 millones en 2025 y $1,2 billones en 2026, más la compensación económica a prestadores estimada en $278.323 millones. En total, la ejecución demandaría $3,01 billones (0,35 % del PBI).

El Ejecutivo argumentó que el presupuesto vigente “no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación” y advirtió que, incluso reasignando todas las partidas de los tres poderes del Estado, los fondos resultarían insuficientes. Por ello, será necesario que el Congreso autorice un aumento en el monto total del presupuesto.

Veto y promulgación obligada

En agosto, Milei había vetado la ley mediante el Decreto 534/25, al considerar que “resultaba imprescindible diseñar toda ampliación de prestaciones con criterios de viabilidad financiera y sustentabilidad en el tiempo”. Sin embargo, el rechazo al veto en ambas cámaras obligó al Ejecutivo a promulgar la norma en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional.

La suspensión de su aplicación se ampara en la Ley de Administración Financiera, que establece la obligación de definir recursos específicos para cubrir cualquier gasto no previsto.

Ajuste presupuestario parcial

De forma paralela, el Gobierno dispuso una readecuación presupuestaria mediante la Decisión Administrativa 24/2025, que asigna mayores fondos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a partir del 1° de octubre.
Esta medida busca responder al reclamo de actualización de prestadores del sistema de atención, mientras se aguarda la definición del financiamiento integral de la ley.

La promulgación ya fue comunicada formalmente al Congreso, a la espera de que se adopten las medidas necesarias para la puesta en marcha efectiva de la emergencia nacional en discapacidad.