Gobierno reduce hasta 50% las multas por Defensa al Consumidor
El Gobierno modificó la Ley de Defensa al Consumidor y permitirá reducir hasta un 50% las multas por infracciones si se paga en plazo.
El Gobierno nacional oficializó cambios en la reglamentación de la Ley de Defensa al Consumidor e incorporó un nuevo mecanismo que permitirá reducir hasta un 50% las multas aplicadas a proveedores sancionados por infracciones vinculadas al consumo.
La medida fue establecida mediante el Decreto 377/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y apunta a disminuir la litigiosidad administrativa y judicial derivada de expedientes sancionatorios.
Cómo funcionará el nuevo mecanismo
Según establece la normativa, los proveedores que acepten la sanción aplicada y realicen el pago dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación podrán acceder a una reducción del 50% sobre el monto total de la multa.
El nuevo sistema quedó incorporado dentro de la reglamentación del artículo 45 de la Ley de Defensa al Consumidor.
El texto oficial señala que “el infractor podrá cumplir con la sanción impuesta, consintiendo la misma y pagando el 50 % de la suma fijada”.
Sin embargo, el decreto aclara que el descuento no podrá generar montos inferiores al mínimo previsto dentro del régimen sancionatorio vigente.
Además, el beneficio quedará automáticamente sin efecto si el proveedor decide apelar la resolución o avanzar con acciones judiciales posteriores.
El objetivo del Gobierno
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo explicó que la modificación busca agilizar los procedimientos administrativos y reducir costos tanto para el Estado como para empresas o particulares involucrados en expedientes de consumo.
Desde el Gobierno sostienen que el nuevo esquema permitirá descomprimir áreas administrativas, acelerar la resolución de conflictos y disminuir la cantidad de causas judicializadas.
La medida replica mecanismos similares que ya funcionan en otras áreas vinculadas al comercio interior y en distintos sistemas sancionatorios provinciales.
Qué impacto podría tener
Con esta modificación, los proveedores podrán cerrar más rápidamente procesos administrativos evitando instancias judiciales posteriores.
Al mismo tiempo, el Gobierno considera que la nueva reglamentación permitirá mejorar la eficiencia en la aplicación de sanciones y optimizar los tiempos de resolución de expedientes relacionados con derechos del consumidor.
El nuevo sistema comenzará a regir tras la publicación oficial del decreto y ya genera repercusiones entre cámaras empresarias y organismos de defensa del consumidor.












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